Después de haber visto y analizado todo cuanto jurídicamente viene sucediendo en el país con los comisarios Mazuco, Vivas, Forero y Simonovis entre muchísimos otros, además de la promulgación inconstitucional de varias leyes habilitantes inconsultas, solo se puede concluir en un sainete en Derecho y en política de los términos Absolutismo, Tiranía, Totalitarismo, y Autocracia, que, poco a poco develan una Dictadura.
En la Constitución Bolivariana bien se define el sistema de gobierno para todos los venezolanos y por ninguna parte consagra ninguno de los sistemas anteriores, ni de ningún tipo de Socialismo. La Autocracia es el sistema de gobierno en el cual la voluntad de un solo hombre es la “suprema Ley”.
El Absolutismo es el gobierno absoluto por encima de la Ley. La Tiranía, donde el mando se ejerce arbitrariamente (caso leyes habilitantes y otros). El Totalitarismo es donde el estado logra control total de las actitudes y actividades de los individuos (en desarrollo en algún país de Latinoamérica). Total: Dictadura autocrática, ni de Derecha ni de Izquierda (vaya usted a saber).
Los ejemplos sobran, aún estando el Soberano como máxima expresión de decisión y al cual no se nos consultó como los estipula la Carta Magna Bolivariana. Se ratifica por la práctica y el señuelo que se está invocando el interés colectivo y público, ejerciéndose fuera de las leyes constitutivas del país.
Ante las inhabilitaciones políticas y la violación de los lapsos procesales, Venezuela se ha convertido en el Hazme-reír del mundo jurídico.
Sin embargo, falta madurez y coherencia cívica, organización político-partidista y social para agotar los recursos para consulta popular: la Voz del Pueblo es la Voz de Dios, y como tal, es lo Supremo, es lo máximo.
Para combatir la sordero-ceguera, bien lo dijo el presidente Chávez en varias oportunidades “La Constitución es perfecta y está blindada”; entonces porque no revisar y estudiar la posibilidad de activar el artículo 350 constitucional para exigir respeto y respuesta oportuna de los casos que en materia jurídica, económica y social no tienen las respuestas ajustadas al Derecho y al marco constitucional?
Uno solo botón como muestra, por qué no se promulgó una Ley de tipo social que obligue a PDVSA a cancelar a sus proveedores y contratistas oportunamente, asi como a entregar los mil millonarios recursos económicos que le ha estafado a las alcaldías a nivel nacional, asi como los pasivos laborales a los extrabajadores de PDVSA? Una Ley para solventar esta situación harto irregular si sería de interés social.
Razón tiene nuestra Magna Carta cuando nos abre la posibilidad de exigir respuestas, entre ellas, el soporte pos-moderno del artículo 350 que es una de las máximas expresiones en derechos humanos. Hay que evitar que nuestra máxima expresión se convierta poco a poco en papel de baño barato.
Publicado en www.elpregon.net y en el diario El Regional del Zulia
